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Por Redacción

Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda de tres estados del país denunciaron este viernes la falta de avances en sus casos, mientras autoridades confirmaron el inicio de exhumaciones en Morelos y reportaron la muerte de ocho desplazados que regresaron a sus hogares en Sinaloa.

En Coahuila, el colectivo Familias por Policías Municipales Desaparecidos, representado por Cristian Eduardo Castro Cigala, solicitó integrarse a las plenarias estatales y fue informado que su petición se encuentra en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su visto bueno. Luz Flores Peña, madre de Julio Villagrana Flores, relató que su hijo, policía municipal, desapareció hace 15 años tras ser arrestado por autoridades policiales en Torreón y expresó que el expediente no presenta avances.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila emitió una alerta para localizar a Natali Camila Sánchez Cisneros, de 14 años, desaparecida el 20 de marzo en Saltillo. Este caso se suma al de Mauricio Vázquez Cruz, joven mixteco de 21 años desaparecido desde el 20 de diciembre de 2025 en Navolato, Sinaloa, cuya madre, Elena Cruz Ramírez, denunció la falta de avances y apoyo de las autoridades.

En Morelos, el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron, confirmó que el lunes posterior al 21 de marzo iniciarían formalmente los trabajos de exhumación en la fosa común del panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla. Esta reactivación llega tras un año de suspensión en los trabajos de búsqueda en la zona.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, presidida por Óscar Loza Ochoa, criticó el manejo de los retornos de familias desplazadas a sus comunidades, señalando que no se acatan los protocolos establecidos. El organismo denunció la muerte de ocho desplazados que regresaron a sus hogares, aunque no se especificaron las causas de los fallecimientos.

Los casos expuestos reflejan la persistencia de la crisis de desapariciones en México, donde colectivos de familias continúan presionando a las autoridades para obtener respuestas y avances en las investigaciones. Las exhumaciones programadas en Morelos y las denuncias sobre desplazados en Sinaloa evidencian la complejidad del panorama de seguridad en estas entidades.

Las familias afectadas mantienen la expectativa de que las instituciones cumplan con sus obligaciones de búsqueda, identificación y justicia, mientras los organismos de derechos humanos exigen la aplicación de protocolos adecuados para proteger a las poblaciones vulnerables en zonas de alta violencia.

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