Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria aseguró que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, argumentando que esta definición es “otra cosa” establecida por la organización internacional que no se adapta a la situación del país.
El Comité emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describió las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. El documento destaca una crisis forense agravada, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.
En su defensa, Sheinbaum acusó al informe de estar “orientado” a “criticar” al Estado mexicano y afirmó que el análisis se basa únicamente en datos de 2009 a 2017 de cuatro estados para extrapolar conclusiones hasta 2025. Por su parte, la cancillería de México calificó el documento de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años. La presidenta advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU y reiteró su rechazo a dicha posibilidad.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, apoyó la postura gubernamental y rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella”. Alcalde señaló que “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T” y explicó que el gobierno realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas, tras detectar que en más de 40,000 casos hay señales de actividad posterior a la fecha de desaparición.
Frente a estas afirmaciones, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década. El Comité subrayó que incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y documenta que el número de personas desaparecidas registradas supera las 132,400 al 19 de febrero de 2026.
La reacción política se extendió al legislativo, donde la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación ante la crisis. “Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”, dijo Ballesteros, quien acusó a Piedra de ejercer un papel protector del Estado y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Mientras tanto, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados también exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión, haciendo un llamado a aceptar la ayuda internacional.
