Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, rechazó las descalificaciones del Gobierno de México sobre su último informe. Ante la calificación del gobierno federal que tildó el documento de “tendencioso” y sesgado, Albán señaló que “el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”.
El funcionario internacional refutó la postura del gobierno mexicano que sostenía que la resolución se basaba solamente en casos anteriores a 2017. Albán aclaró que el análisis examina la evolución de la situación hasta la actualidad. El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132,400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, “sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, criticó el rechazo del gobierno federal al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La legisladora manifestó que hoy más de 130 mil personas están desaparecidas en México y advirtió que el Comité ha encontrado indicios fundados de que se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad al ocurrir de forma sistemática.
López Rabadán alertó que “México no puede convertirse en referente internacional en desapariciones” y enfatizó que el país necesita “verdad, justicia y respuestas”. La diputada destacó la crisis forense, mencionando que hay 72 mil restos humanos sin identificar, cifra que representa 20 mil más desde que el Comité visitó el país en 2021, cuando se registraron 52,004 cuerpos. Además, se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas.
La presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que el informe de la ONU es una oportunidad de ayuda y no debe ser ignorado ni descalificado. “Se tiene que hacer algo, se debe éticamente hacer algo, no entrar en una discusión con la ONU, al contrario decirle a la ONU analizar la crisis de desaparecidos”, expresó. Agregó que México debe recibir “cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia”.
En contraste con la postura legislativa, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respalda la postura federal respecto a las desapariciones ante el informe de la ONU. María Dolores González, presidenta de la CDHCM, reconoció que el documento tiene fallas metodológicas y destacó que el mismo deja claro que “no hay evidencia para pensar que el gobierno de México tenga una política deliberada, ya sea por acción u omisión, para cometer desapariciones”.
