Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Una grave crisis diplomática estalló entre Colombia y Ecuador luego de que el presidente Gustavo Petro denunció que su país está siendo bombardeado desde territorio ecuatoriano, una acusación que su par Daniel Noboa rechazó de manera categórica. Petro afirmó que los ataques han dejado “27 cuerpos calcinados”, mientras Noboa sostuvo que sus fuerzas actúan únicamente en suelo ecuatoriano contra grupos del crimen organizado colombianos, acusando al gobierno de Petro de “permisividad” en la frontera compartida.
El conflicto verbal se dio a través de declaraciones públicas y redes sociales, evidenciando la ruptura de los canales diplomáticos formales. Petro declaró: “Están bombardeándonos desde Ecuador… no queremos ir a una guerra”, e indicó que los bombardeos “no parecen ser ni de los grupos armados […] ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”.
Por su parte, el presidente ecuatoriano respondió con firmeza. En declaraciones a la revista Semana, Noboa afirmó: “Falso. Estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el Gobierno de Petro deja pasearse por la zona”. En sus redes sociales, el mandatario añadió: “Sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio”, y acusó al gobierno colombiano de haber dado cobijo a familiares del narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamar, alias ‘Fito’.
Este enfrentamiento representa un peligroso escalamiento de una disputa bilateral que se arrastra desde enero de 2026, cuando Ecuador inició una “guerra comercial” imponiendo aranceles de hasta el 50% a productos colombianos, alegando la falta de control del narcotráfico en la frontera. Colombia aplicó medidas recíprocas, tensando aún más la relación.
La zona fronteriza, de más de 600 kilómetros, es descrita como un corredor complejo con presencia de disidencias de las FARC, narcotráfico, minería ilegal y contrabando. La falta de una verificación independiente sobre la ubicación exacta de los supuestos bombardeos y la identidad de las víctimas mencionadas por Petro complica el panorama y dificulta una resolución rápida del conflicto.
La crisis pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en la región andina y la dificultad de los gobiernos para controlar territorios donde operan poderosas organizaciones criminales transfronterizas. Sin mecanismos de diálogo operativos y con acusaciones de tal gravedad, el riesgo de una mayor escalada, aunque no deseada por ninguna de las partes según sus declaraciones, permanece latente.
