Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La bancada de Morena en el Senado, con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó este martes el denominado Plan B de la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, que llega tras el rechazo de un paquete más amplio en la Cámara de Diputados, propone cambios profundos en la organización municipal, en el proceso de revocación de mandato y en el financiamiento de los órganos electorales, medidas que la oposición calificó de un intento por concentrar poder. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la propuesta busca la “austeridad republicana” y será discutida en comisiones antes de su votación en el pleno, la cual debe ocurrir antes de septiembre próximo por un mandato constitucional.
Entre los puntos centrales del Plan B se encuentra la reducción del número de regidores por municipio, estableciendo un rango de 7 a 15, frente a la cantidad actual que en algunos casos supera los 20. Además, se propone un tope presupuestal para los congresos locales, que no podrán gastar más del 0.7% del presupuesto total de su entidad. La iniciativa también elimina el principio de paridad de género en las regidurías, un punto que ha generado críticas por considerarse un retroceso en la representación política de las mujeres.
En materia de revocación de mandato, el proyecto modifica las reglas para permitir que la titular del Ejecutivo federal, en este caso Claudia Sheinbaum, realice campaña a favor de su continuidad utilizando recursos públicos, y adelanta el plazo para solicitar el proceso al tercer año de gobierno. Paralelamente, se establecen topes salariales para los funcionarios de los institutos electorales y se otorga mayor autonomía a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), la cual inició 741 carpetas de investigación durante el proceso electoral del año pasado.
El senador Manuel Velasco, coordinador del PVEM, anunció el apoyo unánime de su bancada a la reforma, calificándola de “necesaria”. Sin embargo, esta postura mostró una fisión interna, ya que el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto. Por su parte, la oposición, encabezada por la senadora del PAN Kenia López Rabadán, arremetió contra la iniciativa, señalando que “disfraza de austeridad un afán autoritario” y criticó la contradicción de recortar estructuras mientras se autorizan gastos de campaña para la presidenta.
El contexto político marca una carrera contra el tiempo. La Constitución establece que las reformas electorales deben aprobarse al menos tres años antes de la siguiente elección federal, lo que fija un plazo límite en septiembre de 2026. Monreal también adelantó que se trabaja en una reforma judicial complementaria. La iniciativa ahora pasará al análisis de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, donde se espera un debate intenso, mientras la posición oficial del Partido del Trabajo (PT), aliado de la coalición gobernante, aún no se define públicamente.
