Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha iniciado gestiones para asegurar el respaldo legislativo a su iniciativa de reforma electoral, conocida como ‘Plan B’, ante las discrepancias surgidas dentro de sus aliados parlamentarios. En declaraciones públicas, la mandataria pidió al Partido del Trabajo (PT) ponerse de acuerdo para brindar su apoyo a la propuesta, la cual genera debate por incluir puntos como la autopromoción del Ejecutivo Federal y el empate de fechas entre la revocación de mandato y las elecciones intermedias.
En el seno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el coordinador Manuel Velasco Coello reveló que 13 de los 14 senadores de la bancada coincidirán con prácticamente todos los puntos de la iniciativa y apoyarán el plan. No obstante, anticipó que existe una excepción en la figura del senador Luis Armando Melgar Bravo, a quien el partido buscará convencer para votar a favor. Melgar Bravo ha mantenido una postura firme en contra, expresando mediante publicaciones en la red social X su llamado a una ‘democracia con cancha pareja’ y su rechazo a lo que considera un ‘retroceso electoral’.
El legislador verde argumentó que el llamado Plan B no atiende de fondo retos clave para la democracia, como garantizar condiciones de equidad en la competencia y evitar distorsiones en la representación política. Esta posición contrasta con la línea oficial que su partido intenta cerrar con la mayoría senatorial, dejando al senador como el único voto disidente identificado hasta el momento dentro de su fracción.
Por su parte, el Partido del Trabajo presenta un escenario de fragmentación interna respecto a la reforma. Mientras la senadora Geovanna Bañuelos refrendó su apoyo al Plan B de la presidenta, otros miembros de la misma fuerza política han expresado oposición o críticas severas. El senador Benjamín Robles se manifestó en contra de la iniciativa, sumándose a las voces críticas dentro del bloque aliado.
Reginaldo Sandoval, también del PT, señaló que existe un riesgo de Estado estructural derivado de las propuestas contenidas en el plan. ‘El día que inicia su gobierno, ese día inicia la campaña para sacarlo en tres años. Ese es un riesgo de Estado que genera inestabilidad’, afirmó el legislador, reflejando la preocupación de un sector que teme que las modificaciones beneficien desproporcionadamente a Morena en los comicios intermedios y alteren la estabilidad gubernamental.
Las negociaciones continúan en un intento por alinear las posturas divergentes y lograr la mayoría necesaria para la aprobación de la reforma electoral. La presión recae ahora en la capacidad de consenso de la presidencia y los liderazgos parlamentarios para integrar a los legisladores escépticos antes de llevar el dictamen a votación en el Senado.
