Por Luis Martínez Alcántara
En una muestra de modernización y eficiencia, los gobiernos de México adoptaron al menos 119 herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en sus operaciones diarias. Esta tendencia abarca los tres poderes y los niveles federal, estatal y local, según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Dependencias como la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, el Banco de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores han incorporado soluciones de IA para mejorar sus servicios.
El Poder Ejecutivo destaca como el mayor usuario de IA en el país, con 65 instituciones implementando estas tecnologías. De ellas, 28 pertenecen al ámbito federal, 33 a gobiernos estatales y 4 a municipales. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla utiliza el chatbot TEO para recibir denuncias ciudadanas contra la policía estatal, mientras que el municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, ha implementado el Sistema de Alertamiento por Emergencias (SIVAT) basado en IA.
Además del Ejecutivo, las entidades educativas han adoptado la IA de manera significativa. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló la Plataforma de Identificación, Clasificación y Monitoreo de Información Sensible (PICIS), que emplea algoritmos de IA para clasificar datos personales en diversas dependencias gubernamentales.
Asimismo, organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), utilizan herramientas como “Ánimo Twittero” para analizar el sentimiento en redes sociales.
La mayoría de las aplicaciones de IA en el sector público mexicano son chatbots o interfaces conversacionales. Estas herramientas facilitan la atención ciudadana al proporcionar información y servicios de manera eficiente. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación implementó el chatbot “Sor Juana” para facilitar el acceso a proyectos de sentencia, mejorando la transparencia y eficiencia en la comunicación con el público.
A pesar de estos avances, expertos señalan la necesidad de mejorar la transparencia en el uso de la IA por parte de los gobiernos. Es fundamental que las autoridades informen claramente sobre cómo se implementan estas tecnologías y cómo afectan a la ciudadanía, garantizando un uso ético y responsable de la IA en el sector público.
