Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han denunciado presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya, señalando directamente a exdirectores y funcionarios actuales de la institución. Las acusaciones, centradas en el proyecto de los llamados “Parques de la Memoria”, incluyen la destrucción de estructuras y la manipulación irregular de monumentos en sitios como el parque Balam Tun, Chetumal y Xpujil.
De acuerdo con las fuentes, los denunciantes pertenecen a la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia. Entre los señalados figuran Diego Prieto, exdirector del INAH; Margarito Molina, director del Centro INAH Quintana Roo; y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Aunque existen discrepancias sobre si las denuncias ya fueron presentadas formalmente o se encuentran en etapa de preparación, los especialistas aseguran que buscarán responsabilidades penales y administrativas.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, uno de los voceros de la protesta interna, afirmó que más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas adecuadamente hasta la fecha. Las cifras aportadas por los denunciantes indican que 47 monumentos en el proyecto de Chetumal y 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun fueron objeto de intervenciones cuestionadas. Se alega que estas acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, utilizando maquinaria pesada que puso en riesgo la integridad de los vestigios.
La controversia se agudiza por la naturaleza de las intervenciones reportadas. Mientras algunas fuentes hablan de destrucción total de estructuras, otras describen procesos de “deconstrucción” donde piezas fueron desmanteladas y recombinadas, lo que los expertos califican como una alteración del contexto original de los hallazgos. Esta práctica, según los académicos, constituye una pérdida irreversible de información histórica y cultural, independientemente de que las piedras físicas hayan sido reubicadas.
El conflicto revela una fractura interna en el organismo encargado de proteger el patrimonio mexicano. Los especialistas insisten en que las acciones realizadas en Campeche, Xpujil y otras zonas del sureste carecen del rigor científico necesario y violan la legislación vigente en materia arqueológica. Hasta el momento, no se ha obtenido una respuesta oficial detallada de los funcionarios denunciados ni del titular actual del INAH respecto a las acusaciones específicas sobre el uso de dinamita o retroexcavadoras en sitios sensibles.
Este episodio pone bajo escrutinio la gestión de los “Parques de la Memoria”, iniciativa vinculada al Tren Maya que busca integrar vestigios arqueológicos en espacios turísticos. La comunidad académica espera que las autoridades competentes, sean el Ministerio Público o la Fiscalía especializada, abran una investigación que clarifique los hechos y determine si existieron delitos contra el patrimonio cultural de la nación.
