Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) condicionó su respaldo en el Senado a la iniciativa conocida como ‘Plan B’ de la reforma electoral, al exigir correcciones en la redacción de artículos que consideran ambiguos respecto a la consulta de revocación de mandato presidencial. La postura fue planteada por el senador Alejandro González Yáñez, quien señaló la necesidad de clarificar si el proceso de revocación se realizará al tercer o cuarto año del gobierno, así como definir los límites sobre la promoción de dicha consulta.
Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, advirtió que aprobar la iniciativa en su forma actual podría generar riesgos de Estado e inestabilidad política. Según el legislador, la falta de precisión normativa podría derivar en presidencias de tres años y permitir que se inicie una campaña para remover al titular del ejecutivo desde el primer día de su administración, lo cual calificó como un escenario peligroso para la gobernabilidad.
La Comisión Nacional Ejecutiva del PT se reunió para analizar el proyecto y solicitó a sus seis senadores reflexionar sobre su voto, dado que sin su apoyo la reforma no tendría los votos necesarios para ser aprobada. Entre las preocupaciones centrales de la bancada se encuentra la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda hacer campaña por sí misma durante el proceso de revocación, aunque la iniciativa no deja claro si los partidos políticos también estarían facultados para participar activamente en dicha promoción.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, es el interlocutor clave en las negociaciones con los senadores del PT para desbloquear el dictamen. Hasta el momento, no se ha hecho público el resultado de las reuniones entre ambas fuerzas ni la postura definitiva que asumirá el Partido del Trabajo tras las posibles modificaciones al texto legal.
La incertidumbre sobre el contenido exacto y el número de artículos con redacción ambigua mantiene en pausa el avance legislativo. Asimismo, persiste la duda sobre la fecha específica en que se llevaría a cabo la consulta, barajándose opciones entre junio o agosto de 2027, dependiendo de cómo se defina el año de aplicación en la normativa final.
