Por Redacción
Felipe Carrillo Puerto, 21 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la inversión de 13 mil millones de pesos destinados directamente a comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país. El recurso, que beneficiará a 18 mil comunidades reconocidas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), será administrado por tesoreras elegidas en asambleas comunitarias, garantizando que la gestión financiera recaiga en las mujeres de cada localidad.
El anuncio se realizó durante la firma del decreto de interés público de turismo comunitario, un acto celebrado en la ciudad maya de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. En este marco, la mandataria destacó que el presupuesto busca fortalecer la autonomía económica de los pueblos originarios y asegurar que los fondos lleguen sin intermediarios políticos a quienes los necesitan.
Sheinbaum precisó que el mecanismo de entrega implica que las propias comunidades decidan el uso de los recursos a través de sus estructuras organizativas tradicionales. La elección de tesoreras en asamblea es un componente central de esta estrategia, buscando empoderar a las mujeres indígenas en la toma de decisiones económicas y administrativas de sus pueblos.
Como parte del mismo evento, se dieron a conocer tres destinos turísticos comunitarios que serán impulsados con esta política pública: Maya Ka’an en Quintana Roo, el Camino del Mayab en Yucatán y los pueblos comunales de Oaxaca. Estos proyectos buscan integrar la preservación cultural con el desarrollo económico sostenible bajo la gestión directa de los habitantes.
La inversión de 13 mil millones de pesos representa un esfuerzo presupuestal significativo para atender a la diversidad de pueblos originarios y afromexicanos en México. La participación del INPI es clave para identificar y validar a las 18 mil comunidades que recibirán estos apoyos, alineándose con la política de reconocimiento y reparación histórica promovida por el gobierno federal.
Con esta medida, la administración de Claudia Sheinbaum busca consolidar un modelo de desarrollo donde las comunidades tengan control total sobre sus recursos, marcando un precedente en la distribución del gasto público hacia los sectores históricamente marginados del país.
