Ciudad De México, 01 de junio de 2026.- Edith Olivares Ferrán, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, presentó el 21 de abril de 2026 el informe ‘Promesas en marcha, derechos en riesgo. El primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum’, documento que advierte un retroceso en la protección de los derechos humanos durante la actual Administración federal.
Según el informe, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió un México inmerso en una profunda crisis de derechos humanos que no ha sido atendida de forma adecuada. La organización señala que en la transición entre la Administración anterior y la actual se produjo una reconfiguración institucional que ha debilitado dicha protección. “En lo que refiere a los procesos de reconfiguración institucional, las decisiones tomadas durante el primer año de Gobierno son claramente regresivas”, afirmó Olivares Ferrán.
Amnistía Internacional cuestionó específicamente la reforma del Poder Judicial, la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, la conducción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de Rosario Piedra Ibarra y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Respecto a la seguridad ciudadana, el documento calificó el panorama como “desolador” y alertó sobre el incremento en la cifra de personas reportadas como desaparecidas. Ante este escenario, Olivares Ferrán indicó: “Ya habría que plantearnos que las violaciones a derechos humanos tienden a ser una condición estructural en México, que requiere ser atendida como una emergencia nacional para la que se requiere cooperación y asistencia internacional”.
La directora de la organización llamó a aprovechar la oportunidad abierta por la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de llevar la situación de México ante la Asamblea General del organismo. “Hoy en día estamos frente a una oportunidad histórica para que el Estado mexicano cuente con cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones forzadas”, subrayó.
Olivares Ferrán enfatizó que el actual Gobierno aún tiene la oportunidad de transformar las estructuras y prácticas que permiten violaciones sistemáticas, siempre que se abran espacios de diálogo. “Hago un llamado respetuoso a las autoridades mexicanas para que acepten y aprovechen el acompañamiento que la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y víctimas de violaciones a derechos humanos estamos en posibilidad de brindar”, concluyó.
