Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados podría discutir en su pleno el próximo 8 de abril de 2026 la iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que sea revisada por las comisiones legislativas correspondientes. Así lo detalló Kenia López Rabadán, diputada del PAN y presidenta de la mesa directiva del recinto, quien precisó que los legisladores tendrán del 3 al 7 de abril para analizar el documento.
De acuerdo con la funcionaria, si el dictamen se resuelve en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral el día 7, la discusión en el pleno está programada para el miércoles 8 de abril; sin embargo, advirtió que de no cumplirse este plazo, el debate podría extenderse hasta el jueves. López Rabadán aclaró que, aunque el título del dictamen proveniente del Senado menciona la revocación de mandato, esto constituye un error formal, dado que el artículo 35 constitucional relativo a dicho mecanismo fue desechado desde la cámara de origen.
El trámite legislativo en la Cámara baja ocurre después de que el Senado aprobó la minuta con modificaciones. En la sesión celebrada en la cámara alta, los senadores oficialistas lograron la mayoría calificada necesaria con 87 votos a favor y 41 en contra, gracias al respaldo del Partido del Trabajo (PT) en lo general, aunque esta fuerza política presentó una reserva para eliminar todo lo concerniente a la revocación de mandato, condición puesta por su dirigencia para avalar las medidas de austeridad incluidas en la iniciativa.
Miguel Ángel Riquelme, senador del PRI, criticó la propuesta al calificarla como una reforma centralista y con deficiencias técnicas que, según su postura, invade la autonomía de los municipios y busca controlar a los órganos electorales locales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la parte más importante de su iniciativa, referente a la reducción de privilegios y gastos en congresos locales, fue aprobada, mientras que descartó la necesidad de realizar una operación política para cerrar heridas con el PT tras la eliminación del tema de la revocación.
Con la aprobación en curso, el Congreso de la Unión enfrenta ahora el reto de armonizar los marcos jurídicos secundarios. Según lo establecido en el artículo segundo transitorio de la reforma, los legisladores tienen como plazo límite el 30 de mayo de 2026 para modificar leyes como la General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril.
