Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) respaldó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. Se trata de la primera vez que se activa este mecanismo extraordinario ante un problema que las organizaciones califican como generalizado y documentado por más de una década.
Ante este escenario, el Gobierno de México rechazó el informe realizado por el Comité, acusando que está desactualizado y carece de rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración negó que permita o tolere desapariciones forzadas y señaló un conflicto de interés, pues uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el país.
Las autoridades federales reprobaron el documento por considerarlo parcial y tendencioso al referirse a casos ocurridos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, añadieron que antes de emitir el texto, el Comité omitió considerar la actualización de información presentada por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de marzo. En su defensa, el Ejecutivo afirmó: “El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual”.
Por su parte, organizaciones civiles acusaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional. El propio Comité reconoció en su informe que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados, pero advirtió que la recurrencia de las desapariciones tiene que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda y que, en algunos casos como Jalisco, han participado autoridades locales.
Mientras se debate la crisis a nivel internacional, en Sonora se vivió un momento doloroso para los colectivos de búsqueda. El jueves 2 de abril de 2026 se llevó a cabo el sepelio de Marco Antonio Saucedo Rocha, hijo de Ceci Flores, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. El último adiós tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas en el Panteón Municipal, al norte de Hermosillo.
Una prueba de ADN confirmó esta semana que los restos óseos localizados en un predio de Hermosillo corresponden a Marco Antonio, quien desapareció en 2019. Los restos fueron hallados el 24 de marzo, tras casi seis años, durante diligencias en el kilómetro 46 de la carretera 26, en la zona rural de Hermosillo. Ceci Flores se convirtió en una de las voces más visibles de la crisis tras la desaparición de su otro hijo, Alejandro Guadalupe, en 2015 en Los Mochis, Sinaloa.
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la crisis, recordando que afecta directamente a más de 132 mil familias. Simultáneamente, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica denunciaron la impunidad en crímenes contra periodistas. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, alertó que la impunidad alcanza el 95 por ciento en homicidios contra periodistas y el 100 por ciento en desapariciones.
“Las agresiones contra periodistas van a la alza. México se vuelve a colocar como uno de los principales países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial”, declaró Mendiola. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas fueron asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México.
