Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de donatarias a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se incluyen Mexicanos Primero, IMCO, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción, según información difundida este martes. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desconocer cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, mientras que Amnistía Internacional interpretó la medida como política y parte de una tendencia regional de restricciones a la sociedad civil.
De acuerdo con las cifras reportadas, la revocación abarca entre 113 y 270 organizaciones de un padrón de más de 10 mil entidades autorizadas. El SAT justifica la acción como un procedimiento técnico-legal por incumplimiento de requisitos, entre ellos los establecidos en la Ley de Ciencia, aunque no ha emitido un comunicado oficial detallando los criterios específicos aplicados.
La presidenta Sheinbaum presentó la decisión como autónoma del SAT, distanciándose del impacto político que ha generado la medida. En declaraciones a medios, mencionó el caso previo de Mexicanos contra la Corrupción, al que se le retiró el permiso en la administración anterior por recibir dinero del extranjero, aunque no proporcionó detalles sobre el proceso actual de revocación.
Amnistía Internacional México cuestionó la medida y la interpretó como un debilitamiento deliberado de la sociedad civil. La organización señaló que existe una carga administrativa excesiva y requisitos reiterativos que dificultan el mantenimiento del estatus de donataria autorizada, aunque no especificó los detalles concretos de estas exigencias.
Las Donatarias Autorizadas son organizaciones que, con aval del SAT, pueden recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta. La polémica se enmarca en un contexto donde organizaciones críticas al gobierno han perdido este permiso, contrastando con reportes sobre autorizaciones exprés a otras asociaciones en plazos significativamente menores.
Entre la información faltante se encuentra la fecha exacta de publicación del decreto de revocación, la lista completa oficial de las organizaciones afectadas, el plazo específico dado para subsanar incumplimientos y una explicación del SAT sobre los tiempos de autorización que varían entre organizaciones. Tampoco hay aclaración oficial sobre los requisitos específicos que las entidades no cumplieron.
El caso genera debate sobre la autonomía técnica del SAT frente a la percepción pública de un acto de gobierno con impacto político. Mientras la autoridad fiscal mantiene su postura de procedimiento legal, las organizaciones civiles y grupos de derechos humanos ven en la medida una restricción al espacio de acción de la sociedad civil en México.
