Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras una resolución emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja luego de una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el día anterior. La decisión judicial responde a las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California, que investiga un contrato para una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se construyó y que habría comprometido pagos mensuales de 123 millones de pesos durante 30 años.
La Fiscalía sostiene que durante la gestión de Bonilla Valdez, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021, se cometieron irregularidades en los permisos y compromisos financieros que derivaron en un daño al erario estatal. Como parte de la medida cautelar, se fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso.
En su defensa, el exgobernador argumentó que los pagos vinculados al proyecto, valorados en 123 millones de pesos, se realizaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones. Asimismo, Bonilla Valdez afirmó que su administración solo tenía la obligación de pagar por un servicio y no de construir la planta, contradiciendo la tesis de la acusación que señala responsabilidades directas en la gestación del contrato fallido.
El caso Next Energy ha generado controversia debido a que la infraestructura prometida jamás vio luz, a pesar de los compromisos financieros adquiridos por el gobierno estatal. La discrepancia entre la versión del acusado, que desliga su responsabilidad temporal de los pagos efectivos, y la postura de la Fiscalía, que centra los delitos en su periodo de mando, será objeto de análisis en los próximos meses.
Con la vinculación a proceso, la justicia abre una nueva etapa en la investigación que podría derivar en sanciones penales para el exmandatario, quien posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT). La situación actual de otros colaboradores mencionados en el caso y la respuesta oficial de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no han sido detalladas en la resolución inicial del juez.
