Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump anunció una inversión de 4,500 millones de dólares para construir y reforzar 370 kilómetros de barrera fronteriza con México, un proyecto que incluye un tramo de 110 kilómetros entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta medida se da en medio de crecientes críticas por la muerte de un solicitante de asilo bajo custodia migratoria y el retiro de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, evidenciando la intensificación de las controvertidas políticas migratorias estadounidenses.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el avance del proyecto, que forma parte de la estrategia de seguridad fronteriza priorizada por el gobierno. La construcción, que incluye secciones de un muro de color oscuro, busca, según las autoridades, “proteger la soberanía nacional” y detener el flujo irregular de personas. Esta acción ocurre en un contexto donde cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, según datos oficiales.
Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investiga la muerte de Mohammad Nazeer Paktiawal, un solicitante de asilo afgano que falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Reportes iniciales indican que el hombre comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, aunque la causa oficial de muerte aún se desconoce y no ha sido divulgada por las autoridades.
En otro episodio que generó polémica, Gregory M. Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, fue retirado de su cargo esta semana. Si bien no se especificó si su salida fue voluntaria o forzada, su retiro se produce tras reportes de dos ciudadanos estadounidenses fallecidos durante operativos migratorios en Minneapolis, Minnesota, identificados como Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti. Las circunstancias exactas de esas muertes tampoco han sido aclaradas oficialmente.
Las tensiones también alcanzaron el ámbito político en Washington D.C., donde durante una audiencia congresional, el secretario asistente Joseph M. Humire se reservó ante una pregunta de la congresista Chrissy Houlahan sobre un posible despliegue militar ordenado por Trump durante el proceso electoral. Altos mandos militares, incluidos el general Gregory M. Guillot y el teniente general Francis L. Donovan, han afirmado previamente que no acatarían una orden ilegal, lo que refleja preocupaciones sobre la militarización de los comicios.
Este conjunto de eventos marca un periodo de políticas migratorias restrictivas y operativos internos agresivos bajo la actual administración, generando críticas por parte de defensores de derechos humanos y tensiones políticas internas en Estados Unidos. La situación en la frontera y el tratamiento a migrantes continúan siendo focos de disputa nacional e internacional, con México como testigo directo de las consecuencias en su límite norte.
