Ciudad De México, 02 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este 2 de junio, durante la conferencia mañanera en el Palacio Nacional, que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar las pruebas presentadas por la justicia de Estados Unidos contra Gerardo Mérida Sánchez. “Le corresponde a la Fiscalía General de la República, en su momento, analizar si hay pruebas” contra el funcionario, dijo la mandataria.
Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa entre 2023 y 2024 durante la administración de Rocha Moya, compareció el 1 de junio ante la jueza Katherine Polk Failla, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Durante la audiencia, que duró aproximadamente 20 minutos, la magistrada calificó de “abundante” la evidencia disponible en su contra.
Polk Failla recordó a Mérida Sánchez que podía revisar la evidencia para “evaluar sus opciones” y le otorgó un plazo de 60 días para hacerlo. La jueza fijó la siguiente audiencia para el 4 de agosto de 2026. El exfuncionario mexicano compareció ante el tribunal encadenado de pies y manos y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
Mérida Sánchez es el primero de los diez acusados en haberse entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses, al cruzar desde Hermosillo hacia Arizona el 11 de mayo de 2026. En una audiencia previa celebrada el 15 de mayo ante la jueza Sarah Netburn, se declaró no culpable de las acusaciones en su contra: conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, cargos que contemplan una pena máxima de cadena perpetua.
Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), incluida en el expediente S9 23 Cr. 180, novena ampliación presentada el 29 de abril por el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York, Mérida Sánchez recibió sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como ‘Los Chapitos’. La acusación identifica a este grupo como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias ‘El Chapito’, y Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’. El exsecretario habría recibido estos pagos a cambio de información sobre operativos contra narcolaboratorios.
El Tribunal le asignó como defensora a Sarah Rebecca Krissoff, exfiscal adjunta federal especializada en crimen organizado, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y actualmente integrante de la firma Cozen O’Connor.
