Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. Con el fallo, las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones del congelamiento y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de la SCJN durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril. La mandataria señaló que el objetivo de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero, afirmando que el gobierno combate a la delincuencia organizada siguiendo la ruta del dinero.
Sheinbaum reveló que la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos desde octubre de 2024, inicio de su administración. “5 mil millones de pesos y puede venir la UIF a informar (…) a qué grupos delictivos pertenecían y qué impacto tuvieron en la reducción de delitos”, dijo.
Sobre el proceso legal, la presidenta explicó que si la UIF inmoviliza una cuenta, el afectado puede presentar un amparo, cuyo proceso tarda máximo 6 meses. “Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo (…) ahora el proceso tarda máximo 6 meses”, señaló.
La titular del Ejecutivo aseguró que ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley y sostuvo que en Estados Unidos también se realiza el bloqueo de cuentas sin orden judicial. “Ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley. Nada discrecional ni político (…) pero sí necesitamos fortalecer las capacidades del Estado mexicano”, afirmó.
De acuerdo con lo publicado, la facultad de la UIF se aplicará exclusivamente contra el crimen organizado y no con fines de persecución política, según explicó el titular del organismo, Omar Reyes Colmenares. La persona afectada contará con 5 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, la cual deberá otorgarla en un plazo de 10 días hábiles y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles.
Por su parte, la organización política Somos México señaló a la SCJN y la UIF de violentar la Constitución al congelar cuentas bancarias sin mandato judicial. “Deja en total indefensión a la ciudadanía porque el bloqueo procederá sólo con que haya indicios de una operación financiera irregular”, indicó el grupo.
La polémica se produce en medio de las constantes presiones de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por estar presuntamente involucrados en el dinero sucio del tráfico de opioides.
