Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila fallos sobre las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar bloqueos en Internet, mientras recibió una solicitud para realizar una audiencia pública respecto a la prisión preventiva oficiosa.
El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno un proyecto que busca validar que el IMPI pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet, tras la negativa de un amparo a la empresa Total Play. El proyecto del ministro Guerrero García se listó para discusión el 9 de abril de 2026.
La propuesta consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que negó el amparo a Total Play. El juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El mismo día 9 de abril se programó otro proyecto que propone un revés al empresario Ricardo Salinas Pliego en un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó a la SCJN una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa, antes de emitir un fallo. La petición fue entregada el 25 de marzo de 2026 y dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La entrega fue realizada por representantes, entre ellos los personajes centrales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), como Daniel García Rodríguez. “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, señaló.
El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Coridh en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023). En esos casos, el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ es Celia Maya García, quien indicó: “La disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”. La sede Ciudad de México tendrá competencia respecto de los juzgados y tribunales ubicados en esta urbe, así como en los estados de Querétaro y Tlaxcala.
