Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó este martes el debate sobre si las indemnizaciones civiles por muerte deben calcularse con base en el salario mínimo o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una discusión que busca resolver una aparente contradicción entre sus propias salas. El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y programado por tercera ocasión, deriva de una denuncia sobre criterios distintos aplicados por las extintas Primera y Segunda Salas en 2024.
La discrepancia central radica en el monto que reciben los familiares de una persona fallecida por daños civiles, específicamente por el concepto de lucro cesante, que compensa los ingresos que el difunto habría generado. Mientras la Primera Sala resolvió en marzo de 2024 que el cálculo podía hacerse con base en salarios mínimos, la Segunda Sala determinó en julio del mismo año que era constitucional utilizar la UMA, una unidad de valor significativamente menor.
La diferencia económica es sustancial. Para 2026, el salario mínimo diario es de $315.04 pesos, mientras que el valor diario de la UMA es de apenas $117.31 pesos. Utilizar una u otra referencia puede alterar de manera drástica el monto final de la indemnización, con un impacto directo en el derecho a la reparación integral del daño de las víctimas y sus familias.
El caso que llega al pleno de la Corte surgió de un recurso de denuncia de contradicción de tesis interpuesto por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el cual identificó los criterios opuestos entre las salas. La ministra Batres Guadarrama es la encargada de llevar el proyecto de sentencia para unificar la jurisprudencia, en una discusión que ha sido pospuesta en dos ocasiones anteriores.
La resolución que adopte el máximo tribunal sentará un precedente obligatorio para todos los juzgados del país en materia de responsabilidad civil extracontractual. El debate jurídico se centra en determinar cuál de los dos parámetros garantiza de mejor manera el principio de reparación integral, equilibrando la justicia para la víctima con la razonabilidad para el responsable.
Este tema cobra relevancia en un contexto nacional donde las demandas por daños y perjuicios, especialmente en casos de accidentes de tránsito, negligencia médica o responsabilidad del Estado, son frecuentes. La decisión de la Corte definirá el estándar económico para valorar la vida humana en el ámbito civil por los próximos años.
Se espera que los ministros analicen a profundidad los argumentos de cada postura y emitan su votación en los próximos días. La sentencia resultante no solo resolverá el caso concreto, sino que emitirá una tesis jurisprudencial que unificará el criterio para todos los tribunales federales y locales.
