Miami, 26 de junio de 2026.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre de Alligator Alcatraz, el centro de detención para inmigrantes ubicado en los Everglades, al oeste de Miami. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa junto a Tom Homan, el zar de la frontera del presidente Donald Trump, en el Aeropuerto Dade-Collier de Entrenamiento y Transición.
DeSantis defendió la iniciativa calificándola de exitosa y afirmó que había cumplido “la función para la que fue diseñado”. Según el gobernador, el centro fue concebido para apoyar de forma temporal al Gobierno federal y ahora que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo de los detenidos, la instalación ya no es necesaria.
“Los trabajos para desmovilizar y desmontar la instalación ya están en marcha”, dijo DeSantis. El mandatario sostuvo que en el centro fueron “procesadas” 21.000 personas y aclaró que, aunque el recinto ya no tiene ningún detenido, aquellos que estaban allí siguen bajo custodia federal.
“Si esta instalación no hubiera existido, no habría habido un lugar donde mantener a estas personas mientras esperaban su deportación. Habrían sido devueltas a las calles. Esto, en última instancia, no tengo ninguna duda de que salvó vidas”, declaró el gobernador. DeSantis indicó que la creación de Alligator Alcatraz formó parte de un esfuerzo de Florida para respaldar la política migratoria de Trump, la cual continuará su curso.
El Estado seguirá colaborando con las autoridades federales a través de los acuerdos 287(g) y albergando inmigrantes en el centro de detención Deportation Depot, en el condado Baker, al norte del estado. Florida es actualmente la entidad con más acuerdos de cooperación entre policías locales y agencias migratorias federales del país, correspondiendo al 40% de los arrestos migratorios realizados bajo este programa.
El cierre pone fin a una de las iniciativas más controvertidas y emblemáticas de la ofensiva antiinmigrante de la Administración Trump, la cual ha sido objeto de demandas judiciales y denuncias de violaciones de derechos humanos. Desde su apertura, organizaciones de derechos humanos, abogados y legisladores denunciaron malas condiciones, abusos contra los detenidos, falta de acceso legal y deficiencias en la atención médica.
El Gobierno ha negado las acusaciones. Sin embargo, según registros oficiales, la mayoría de los inmigrantes recluidos en el centro no tenía antecedentes criminales.
