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Por Luis Martínez Alcántara ­­

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente la orden de la jueza Nancy Juárez, quien solicitó eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) y agregó que la jueza no tiene la atribución para hacer esta petición; aseguró que su actuación carece de sustento jurídico. Explicó que el Poder Legislativo es el único con la facultad de ordenar tales publicaciones y afirmó tajante: “no vamos a bajar la publicación”. 

Comentó que el QR enviado como parte de la notificación no funcionaba ni tenía validez para eliminar el decreto de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación. 

La jueza Nancy Juárez había otorgado 24 horas para que la reforma fuera retirada del DOF, argumentando que su publicación violaba una suspensión emitida previamente en un juicio de amparo. Advirtió también sobre posibles consecuencias legales, como penas de prisión de hasta nueve años para Sheinbaum.

La presidenta respondió con ironía, indicando que tales acusaciones no proceden legalmente y anunció que interpondrá una denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal por extralimitarse en sus funciones. 

Sheinbaum criticó la notificación recibida, señalando que el proceso no fue claro e incluso mencionó errores en la notificación judicial, resaltando que fue informada a través de medios de comunicación en lugar de canales oficiales. Ante la situación, la presidenta mantiene su postura de que la reforma judicial sigue en pie y que ningún juez puede frenar la voluntad del pueblo ni la del Congreso. 

La controversia se enmarca en el proceso de reforma judicial impulsado por el gobierno, el cual ha sido objeto de múltiples impugnaciones por parte de jueces y abogados que argumentan que se vulnera la autonomía del Poder Judicial. A pesar de estas acciones, Sheinbaum ha sido enfática en que la reforma no será detenida. 

Además, Sheinbaum reiteró su llamado a que en un plazo de 180 días, los estados y la Ciudad de México adapten sus constituciones para permitir la elección directa de jueces locales, argumentando que esto fortalecerá el sistema democrático. La reforma sigue siendo un tema clave de su administración, con el objetivo de transformar el sistema judicial del país.

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