Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso confeso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido en 1994, al considerar que el caso constituye un asunto de Estado que no puede cerrarse con dicha medida jurídica. La declaración se produce en un contexto de tensión con Luis Donaldo Colosio Riojas, senador e hijo de la víctima, quien ha solicitado la liberación del recluso y atribuye la demora en la resolución a una falta de voluntad política por parte del Ejecutivo federal.
La investigación del magnicidio, que cumple 32 años, mantiene abierta una línea de indagación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), bajo la teoría de un segundo tirador. Mientras la autoridad judicial trabaja en la integración de pruebas recientes, Colosio Riojas ha afirmado que la existencia de un segundo atacante no es una novedad y que dicha persona ya había sido identificada hace tres décadas, generando una discrepancia sobre el estado actual de las evidencias presentadas por la fiscalía.
El proceso judicial enfrenta actualmente un estancamiento en la apelación presentada por la defensa, la cual lleva cuatro meses sin ser desahogada desde noviembre de 2025. Esta situación ha alimentado el debate entre las partes involucradas: la visión presidencial que prioriza la continuidad de la investigación estatal frente a la postura del legislador que busca concluir el capítulo penal con la liberación de Aburto Martínez, único condenado hasta el momento por los disparos fatales en Tijuana.
Las declaraciones de la mandataria destacan la complejidad del caso al vincularlo directamente con la estabilidad y la memoria histórica del país, rechazando cualquier simplificación mediante beneficios penitenciarios. Por su parte, la postura de Colosio Riojas pone el acento en la capacidad legal de la presidenta para emitir el indulto, sugiriendo que el obstáculo radica en la decisión política y no en las limitaciones normativas, lo que refleja una divergencia fundamental sobre cómo debe administrarse justicia en crímenes de alto impacto histórico.
La controversia se desarrolla mientras la FGR continúa con sus actuaciones procesales sin que se haya registrado una respuesta formal del Poder Judicial o de la propia fiscalía ante las acusaciones de politización vertidas por el senador. El caso permanece bajo escrutinio público a más de tres décadas de los hechos, con la sociedad a la espera de una definición que permita cerrar la investigación o confirmar las responsabilidades adicionales que las autoridades siguen persiguiendo.
