Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la “imperante impunidad” en este delito. La decisión se basa en cifras que reportan más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026, número que el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, describió como “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional. El organismo mencionó una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones. Además, el Comité recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad.
En su visita de 2021, el Comité recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos. Como parte de esa visita, se emitieron 84 recomendaciones al gobierno mexicano. Sin embargo, en 2023, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, así como en un uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos.
El informe detalla que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento respecto a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021. El documento tomó casos paradigmáticos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, y señaló la prevalencia del delito en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México.
En el caso específico de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) halló desapariciones cometidas por actores estatales o con su aquiescencia entre 2009 y 2016. Se identificaron patrones de colusión entre autoridades de los tres niveles, incluyendo el uso “en ocasiones” de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales. La FIDH documentó “prácticas sistemáticas” donde, entre 2009 y 2012, fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, y entre 2012 y 2016, autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente a través de fuerzas especiales.
Frente a estas señalamientos, el gobierno federal ha manifestado su desacuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el informe del Comité “no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019”. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno mexicano planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales y comisiones de búsqueda para mejorar la situación.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. Esta acción coincide con el reporte oficial de que existen más de 130 mil personas desaparecidas y con la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dada a conocer el 3 de abril de 2026, la cual incluyó una nueva clasificación de casos.
