El informe preliminar de los Observadores Electorales Internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso electoral mexicano, muestra su “seria preocupación” por esa casi tradición de los candidatos y líderes políticos de “declararse ganadores apenas minutos después del cierre de las urnas”, la cual –sugieren- debe eliminarse.
“Estas acciones –afirman- minan la certeza del proceso electoral, provocan incertidumbre y confusión en la ciudadanía”, critican en el documento, de 45 páginas.
Señalaron que el pasado domingo, varios de ellos no solo comparecieron ante los medios de comunicación para declararse vencedores de los comicios mucho antes de que el conteo rápido hubiera ofrecido los datos, sino que acusaron a otros partidos de estar mintiendo.
A pesar de ello, los 98 observadores de la misión de la OEA, comandados por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, que se desempeñaron en 808 casillas de todo el país y el extranjero, han destacado “la madurez y el compromiso con los principios democráticos” de los candidatos que, finalmente, aceptaron los resultados una vez fueron publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La misión se congratula, además, del “profesionalismo y la solidez técnica del INE” y del “robusto sistema de justicia” del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJE), “que posibilitaron un desarrollo exitoso de las elecciones”.
Pero dan cuenta de las quejan que han interpuesto los mexicanos y diversas organizaciones civiles, que tienen que ver con los recortes presupuestarios del INE, por lo que recomiendan “fortalecer la autonomía” de este organismo otorgándole un “presupuesto suficiente”.
En el documento, los observadores de la OEA aseguran que “el sistema electoral mexicano no requiere de reformas profundas para continuar garantizando el ejercicio pleno del sufragio y elecciones íntegras”.
De llevarse a cabo, dicen, el objetivo deber ser “el fortalecimiento de los órganos electorales, tanto en su autonomía como en su especialización y nunca coartar su independencia”.
Esta sugerencia viene precedida de unos párrafos en los que los observadores mencionan “los intentos de reformar diversas leyes vinculadas con el tema electoral, lo que se ha denominado Plan B” de parte del gobierno federal.
Constataron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “tumbó” estas reformas que pretendía el presidente López Obrador por “violaciones graves al debido proceso legislativo”, en cuanto al modo en que fueron tramitadas en las Cámaras del Congreso de la Unión.
También se refieren a las vacantes que aún existen para completar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que debe estar compuesta por siete miembros y en la actualidad solo tiene cinco. Ante ello, la misión recomienda que se nombren todos los miembros antes de las elecciones, algo que no ocurrió y ha ocasionado críticas políticas desde hace tiempo.
Señalan que la violencia es el asunto más grave que tiene México, y más en tiempos electorales, como constatan los Observadores Internacionales de la OEA en su el informe, algo que “ha afectado a todos los partidos políticos”.
En este proceso electoral federal, sostienen, antes y durante la campaña, han muerto asesinadas 37 personas ligadas a las elecciones, candidatos o aspirantes y se han producido otra serie de delitos de los que no hay información precisa por parte de la Secretaria de Seguridad, lamentan en el informe.
Los crímenes son “el mayor castigo a la democracia”, afirman en el documento, si bien se precisa que “no es un fenómeno nuevo ni ajeno a la historia democrática” de México.
Comentan que tuvieron acceso a 52 denuncias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus declaraciones públicas en un contexto electoral, un asunto repetido. Para esas y otras quejas, recomiendan “establecer un catálogo de sanciones para servidores públicos que cometan infracciones” y que puedan ser sancionados por la autoridad electoral.
En el informe, los Observadores Internacionales de la OEA se detienen en las denuncias por el uso de los recursos públicos en tiempos de campaña electoral y sugiere que se “potencie la fiscalización” que ejerce el INE para detectar y emitir alertas tempranas respecto de fondos ilícitos.
Por Abel López Jiménez
