Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México inició una ofensiva legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras registrarse 14 muertes de connacionales desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración agotará todas las vías para exhibir lo que calificó como una crisis de derechos humanos, luego de confirmarse la muerte más reciente de un mexicano el pasado 25 de marzo.
Como parte de esta estrategia, la Cancillería mexicana confirmó que se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La figura jurídica permitirá a México intervenir en el proceso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo atención médica deficiente, aislamiento punitivo y falta de servicios básicos. La querella, presentada originalmente en enero de 2026, documenta un patrón de abusos en el recinto gestionado por la empresa privada GEO Group, pero bajo responsabilidad jurídica del ICE.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, además de la acción legal en tribunales estadounidenses, llevará por primera vez un caso de esta naturaleza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, declaró la mandataria. Asimismo, se enviarán cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos, al fiscal de California, Rob Bonta, y al gobernador Gavin Newsom, exigiendo una investigación exhaustiva.
En el centro de Adelanto, ubicado en una zona rural que complica la ayuda consular, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente por personal de seguridad y declarado muerto posteriormente en un hospital de Victorville. Hasta el momento, la causa de muerte no se ha determinado oficialmente. La SRE señaló que existe un nulo flujo de información sobre la situación de los detenidos, de los cuales el 50% son connacionales con más de 10 años de residencia en Estados Unidos. Entre junio de 2025 y marzo de 2026, mil 809 mexicanos fueron recluidos en este centro.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, calificó la tendencia de fallecimientos como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior. Mientras el gobierno mexicano denuncia omisiones graves, versiones previas de autoridades estadounidenses han sostenido que se brindó atención médica y que los estándares son adecuados. Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema este martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.
La ofensiva diplomática incluye reuniones en Los Ángeles con familiares de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Datos recopilados indican que de las 14 muertes reportadas en el actual mandato, cinco ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, y una respectivamente en Texas, Florida, Missouri y otra entidad no detallada. El sistema de detención estadounidense enfrenta presión por el creciente número de reclusos, que alcanzó los 70,000 a principios de 2026.
