Culiacán, 19 de junio de 2026.- El Gobierno de Sinaloa ha solicitado formalmente al Congreso del Estado que otorgue la pensión por retiro anticipado a Alberto Jorge Contreras Núñez, quien se desempeñó como comisario general de la Policía de Investigación de la entidad. La petición fue firmada por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.
En el documento dirigido al legislativo local, la funcionaria estatal indicó: “Con categoría de Comisario General, adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha solicitado al Ejecutivo del Estado a mi cargo se le otorgue el derecho de pensión por retiro anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”.
La solicitud ocurre en un contexto de señalamientos internacionales contra el exfuncionario. El Gobierno de Estados Unidos ha acusado a Contreras Núñez de no detener a integrantes del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. De acuerdo con la acusación estadounidense, emitida el 29 de abril de 2026, el ahora excomisario era distinguido por la organización criminal bajo el apodo de “El Cholo”.
La denuncia federal involucra a Contreras Núñez junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre los que figuran el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Contreras Núñez dejó la Comisaría General de la Policía de Investigación en febrero de 2026 y ha solicitado un amparo para evitar declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía General de la República.
Si el Congreso de Sinaloa aprueba la petición, el Gobierno del Estado tendrá la obligación de pagarle una pensión mensual de 67,477 pesos, equivalente a unos 3,881 dólares. Contreras Núñez estudió la licenciatura en Criminalística entre 1999 y 2003 en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, iniciando su carrera como perito en homicidios dolosos antes de ascender a agente de la Policía Ministerial y jefe de la unidad antisecuestros en 2012. El 5 de noviembre de 2022, rindió protesta ante la entonces fiscal general Sara Bruna Quiñónez Estrada.
