Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Al menos cuatro exfuncionarios de empresas estatales y banca de desarrollo reciben pensiones superiores al millón de pesos mensuales, según datos revelados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras el partido Morena enfrenta críticas por el despliegue de espectaculares de sus aspirantes en Coahuila violando acuerdos internos. Jorge Evodio Chapa de la Torre, Edgar Velázquez, Kenneth Sydney Smith y Carlos Arturo Sánchez Magaña perciben mensualmente entre 1,037,000 y 1,107,000 pesos, cifra que supera el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. El gasto total en pensiones de estas instituciones excede los 94,000 millones de pesos anuales.
La información, difundida este viernes, detalla que más de 100,000 extrabajadores del Estado reciben pensiones que superan el salario presidencial, con 21 personas obteniendo entre 987,000 y 181,000 pesos mensuales. Estos beneficios, calificados como “pensiones doradas”, corresponden a antiguos esquemas de retiro en empresas paraestatales y banca de desarrollo, ahora bajo escrutinio por su impacto en las finanzas públicas.
En paralelo, el Instituto Electoral de Coahuila investiga impugnaciones por espectaculares de aspirantes morenistas, pese a que el Consejo Nacional del partido prohibió el 7 de marzo este tipo de promoción anticipada. El senador Gerardo Fernández Noroña reconoció que esta práctica es recurrente en procesos internos, aunque defendió la legalidad de los mismos. Medios locales y columnistas han acusado a los aspirantes de violar los reglamentos y adelantar campañas.
El Partido Acción Nacional solicitó al Instituto Nacional Electoral intervenir en el caso de Coahuila mediante geolocalización de espectaculares, aunque se desconoce su respuesta formal. Mientras, la coalición gubernamental integrada por Morena, PT y PVEM negocia un acuerdo de unidad y un “plan B” electoral, cuyos detalles completos aún no se han revelado oficialmente.
El debate sobre las pensiones millonarias resurge en un contexto de ajustes fiscales y críticas a privilegios en el servicio público. Aunque la Secretaría Anticorrupción hizo públicos los montos, no especificó los mecanismos legales o reformas propuestas para modificar estos esquemas, dejando en incertidumbre las acciones concretas que tomará el gobierno al respecto.
