Ciudad De México, 04 de junio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el 3 de junio de 2026 a Antonio Molina Díaz, excoordinador General de Centros Federales de Readaptación Social y colaborador del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. La diligencia estuvo a cargo de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y se ejecutó en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Molina Díaz está acusado de peculado y delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. La investigación es por el desvío de más de cinco mil 112 millones de pesos del erario federal.
Al momento de su detención, se le aseguraron dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos en efectivo. También se le aseguraron distintas identificaciones apócrifas con diversos nombres y teléfonos celulares.
Según la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el detenido habría integrado una red criminal encabezada por Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. En la red criminal participaban familiares, colaboradores y socios de empresas que desviaron recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Molina Díaz, entre 2013 y 2018 en su cargo como coordinador general, firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales. En ese periodo presuntamente participó en el esquema de desvíos. El mecanismo investigado implicó adjudicaciones directas del órgano a la empresa Nunvav, registrada en Panamá en 2005 por el propio exsecretario Genaro García Luna.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que entre 2015 y 2019 la empresa Nunvav realizó transferencias a compañías cuya contabilidad habrían controlado cómplices de García Luna. Esas compañías a su vez triangularon millones de pesos a otras empresas propiedad de familiares del exfuncionario García Luna.
El 25 de abril de 2023, el juez de control José Avelino Córdova procesó a Molina Díaz por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, proceso vinculado al incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que costó la vida a 40 migrantes. En ese momento, Molina Díaz era director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).
En el proceso de 2023 enfrentó la justicia en libertad provisional, con medidas cautelares de presentación periódica mensual y prohibición de salir del país. Fue precisamente en ese lapso de libertad provisional cuando se convirtió en prófugo de la justicia en el caso de los desvíos penitenciarios. El 4 de abril de 2024, el juez de control Gregorio Salazar ordenó la captura de Genaro García Luna y otras 59 personas por su presunta participación en el esquema de desvíos, mandato judicial que alcanzó a Antonio Molina Díaz.
