Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Críticas severas surgieron en las últimas horas contra el llamado ‘Plan B’ de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el rechazo de su iniciativa original en el Legislativo. Especialistas y exfuncionarios electorales alertaron que la nueva propuesta busca eliminar las condiciones de competencia equitativa y convertir mecanismos de democracia directa en herramientas de propaganda gubernamental.
José Woldenberg Karakowsky, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), rechazó abiertamente el proyecto al considerar que transforma el proceso de revocación de mandato en uno de ‘ratificación’. Según el especialista, esta modificación permitiría que el Ejecutivo federal haga campaña mientras transcurren los procesos electorales federales, rompiendo el principio de neutralidad consagrado en la Constitución y generando una inequidad flagrante entre el partido en el gobierno y las demás fuerzas políticas.
Al participar como invitado en el Consejo Consultivo de la organización Somos México, Woldenberg subrayó que el Plan B es contrario a la Carta Magna, pues esta establece que los funcionarios de todos los niveles no pueden hacer campaña a favor ni en contra de ningún partido político. ‘No alcanzo a ver siquiera ese proyecto como reforma electoral. Lo que se trata es de que en las elecciones intermedias pueda haber lo que se llama revocación del mandato, que Morena ha convertido en ratificación y permitir que la Presidenta haga campaña’, apuntó el exconsejero presidente.
En un análisis realizado ante suscriptores de El Universal, donde también participaron Javier Martín Reyes y Tito Garza Onofre, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se coincidió en que la nueva propuesta deriva en una oportunidad para hacer publicidad electoral a favor de la mandataria. Los expertos advirtieron que el rumbo actual de la reforma rompe con la lógica histórica de consenso que caracterizó a cambios previos en 1994, 1996, 2007 y 2014, los cuales fueron construidos a partir de acuerdos pluripartidistas.
El contexto de estas críticas se da una semana después de que la iniciativa original de reforma electoral fuera rechazada en el Poder Legislativo al no alcanzar los 334 votos necesarios para una mayoría calificada, debido a la falta de respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La propuesta inicial contemplaba la reducción del número de senadores, recortes al financiamiento electoral y una reevaluación del sistema de representación proporcional.
Ante el revés legislativo, el Ejecutivo presentó el Plan B, el cual incluye modificaciones a la revocación de mandato, reducción del presupuesto de congresos locales, disminución de regidurías y ajustes salariales a funcionarios. Sin embargo, para Woldenberg, la coalición que gobierna actualmente ‘no aprecia lo logrado en democracia’ y se ostenta como la única representante de la sociedad, desvirtuando el sentido original de la revocación de mandato que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un mecanismo de ratificación impulsado por militantes de Morena.
Paralelamente a la discusión legislativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por la aplicación de medidas de seguridad en 40 inmuebles, las cuales han sido criticadas por limitar el trabajo periodístico. Mientras las comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado, presididas por Enrique Inzunza y Oscar Cantón Zetina respectivamente, analizan los dictámenes, la sociedad civil y los expertos mantienen la vigilancia sobre los posibles efectos regresivos que estas reformas podrían tener para la democracia mexicana.
