Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto. La toma de la instalación se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, deteniendo los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira, cobanaro y vocero del movimiento, anunció que mantenerían el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien advirtió: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
El proyecto, desarrollado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco y cuenta con un avance del 88%. La iniciativa está financiada con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014.
Los manifestantes denuncian impactos ambientales graves, señalando que se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar en la bahía de Ohuira, sitio declarado RAMSAR. Además, alertan que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, afirmó Felipe Montaño Valenzuela. Un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas. El colectivo ¡Aquí! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán, afectando a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales y les dijo que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat informó que inició una revisión técnica y científica exhaustiva del proyecto. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados a la obra.
