Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernabilidad del Senado de la República aprobaron este martes la dictamen de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, con un resultado de 24 votos a favor y 11 en contra. La votación se realizó en un contexto de tensión política, marcado por la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT) y un desacuerdo explícito dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a un documento enviado a la Cámara Alta.
El bloque oficialista, conformado por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo, cuenta con una mayoría simple en el Senado. Morena dispone de 67 senadores, el PVEM de 14 y el PT de 9. No obstante, para la aprobación definitiva en el pleno se requiere una mayoría calificada de 86 votos de los 128 integrantes de la cámara, lo que hace crucial la participación y el sentido del voto de los legisladores laboristas, quienes hasta la noche anterior mantenían su postura de no apoyar la reforma si no se modifica la fecha propuesta para la revocación de mandato.
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, difundió un mensaje y una fotografía asegurando la unidad de la coalición gobernante. Sin embargo, la realidad de la sesión en comisiones mostró una fractura táctica: los senadores del PT no estuvieron presentes durante la votación del dictamen. Esta ausencia contrasta con la narrativa de cohesión promovida por el coordinador de Morena y deja en incertidumbre el comportamiento de la bancada laborista para la sesión del pleno programada para este miércoles.
En la oposición, los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su rechazo a la iniciativa. Carolina Viggiano, senadora del PRI, fue una de las voces que criticó los contenidos de la reforma, la cual incluye ajustes a la revocación de mandato, límites al número de regidurías municipales, restricciones al presupuesto de los congresos estatales y modificaciones a los ingresos de los funcionarios electorales. Los partidos opositores argumentan que los cambios buscan consolidar el poder del ejecutivo federal y debilitar los contrapesos institucionales.
Paralelamente al debate legislativo, surgió una controversia dentro del órgano electoral. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, envió un documento al Senado señalando las dificultades técnicas y operativas que implicaría la implementación del ‘Plan B’. En respuesta inmediata, siete de los 11 consejeros del instituto —Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz— emitieron una carta para deslindarse de dicho documento. Los firmantes aseguraron que el texto no fue consensuado en el Consejo General y que no representa la postura institucional del organismo.
El punto más álgido de la discordia con el Partido del Trabajo reside en la fecha propuesta para la revocación de mandato. Los líderes del PT consideran que realizar este proceso en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias, otorgaría una ventaja electoral indebida a la presidenta en turno, Claudia Sheinbaum. Esta discrepancia pone en riesgo la obtención de los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada requerida para validar la reforma constitucional.
Con la aprobación en comisiones ya consumada, la atención se centra ahora en la sesión del pleno del Senado. El oficialismo deberá negociar hasta el último momento con los legisladores del PT para asegurar su presencia y voto a favor, mientras que la oposición busca capitalizar las divisiones internas de la coalición gobernante y las señales de alerta emitidas por sectores del INE para frenar la iniciativa en su etapa final de discusión.
