Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- Las estadísticas oficiales reportan una disminución sensible de los homicidios dolosos en comparación con las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la ciudadanía mantiene percepciones de inseguridad vinculadas a delitos del fuero común, específicamente robos en el entorno cotidiano y la falta de resultados reales de las policías municipales y estatales.
De acuerdo con indagaciones de grupos de observadores, el 95 por ciento de los delitos no se denuncian, fenómeno conocido como “cifra negra”. Asimismo, poco menos del 90 por ciento de las investigaciones no concluyen en enjuiciamiento o sentencias que saquen a los delincuentes de circulación. No existe ningún programa concreto, verificable y procedimental para reformular la estructura judicial que recibe las denuncias, manteniéndose los ministerios públicos y las policías de investigación sin cambios sustanciales.
El Gobierno federal ha sido reacio a reconocer el problema de los desaparecidos como un asunto de seguridad pública y aparecen de manera improvisada formas para combatir la extorsión y el cobro de derecho de piso. En la Ciudad de México, uno de los expedientes más complicados es la venta de drogas y los delitos asociados al ambulantaje controlado por grupos delictivos organizados; el narcotráfico al menudeo es un problema conocido en altos niveles de poder que no se ha podido combatir debido a la ramificación de intereses criminales.
Por otro lado, mensajes detectados en medios de comunicación extranjeros indican que el Gobierno de Estados Unidos prioriza la participación del crimen organizado en procesos electorales municipales y estatales, especialmente de cara a 2027. Decisiones públicas del Tesoro y actividades de seguridad nacional de la Casa Blanca han colocado aparatos de investigación sobre cárteles que se fortalecieron durante la estrategia de “abrazos, no balazos” del tiempo lopezobradorista.
Grandes capos capturados, secuestrados, deportados o extraditados están siendo interrogados para proporcionar elementos sobre la configuración del poder político y criminal en zonas bajo influencia financiera del crimen organizado. Según el análisis, Estados Unidos no busca desaparecer a los cárteles, sino tomar el control de la producción y administrar el contrabando para satisfacer necesidades internas y acceder a recursos multimillonarios, utilizando al narcotráfico para influir en nuevos grupos morenistas vinculados al huachicol fiscal y al tráfico de drogas de Sinaloa.
En el ámbito político interno, se señala que la Cuarta Transformación de la Nación tuvo su origen en la necesidad de contener antagonismos causados por la corrupción del neoliberalismo, pero esa “prometida mutación” incrementó y dio continuidad al fenómeno. La clase políticamente dominante actual se convierte en responsable de la “narcopolítica”, la cual es catalogada más allá de las fronteras como narcoterrorismo. Bajo la gobernanza de Claudia Sheinbaum Pardo, se observa que la justicia resulta impotente, ineficiente y sumisa ante la impunidad de los responsables de la narcopolítica, cuya corrupción se ha convertido en un poder extraordinario ajeno a los ideales constitucionales.
La situación se complica por la carga operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que cuenta con alrededor de 80,000 elementos, incluyendo policía preventiva, auxiliar y bancaria e industrial. Sin embargo, hay personal constante en incapacidad, vacaciones o licencias, además de administrativo fuera de campo, lo que rebasa la jornada laboral de los policías activos. Eventos masivos como el próximo Mundial de Futbol, donde se proyectan 104 juegos en Fan Festivals con estimados de 60,000 asistentes diarios en el Zócalo, requerirán un despliegue de fuerzas sin precedente que la corporación ya opera al límite de su capacidad.
