Ciudad De México, 11 de junio de 2026.- Un juez federal dictó vinculación a proceso por delincuencia organizada y peculado contra Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). La resolución judicial se basa en elementos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), que permitieron imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Según la investigación, Molina Díaz es señalado por participar en la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón. La Femdo determinó que el exfuncionario formaba parte de la estructura delictiva dirigida por García Luna, en la cual también estaban involucrados familiares y colaboradores del exsecretario.

Las indagatorias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron un desvío de recursos en los Ceferesos estimado en más de 5 mil millones de pesos. En esta red delictiva participaban socios de empresas que se beneficiaron de contratos para el equipamiento y beneficio de los centros penitenciarios, obras y servicios que en muchos casos nunca se cumplieron ni se entregaron.

La detención de Molina Díaz ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el operativo, las autoridades aseguraron 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos que portaba el implicado.

Este caso se suma a las acciones legales contra integrantes de la familia de García Luna. En diciembre de 2023 fueron detenidos Gloria García Luna y su hijo Édgar Anúar Rodríguez García, hermana y sobrino del exfuncionario, quienes enfrentan proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

De acuerdo con los hechos extraídos, integrantes de la familia de García Luna y ex funcionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública realizaron triangulaciones financieras con los empresarios estadunidenses Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López. A dichos empresarios se les adjudicaron obras y servicios que no se cumplieron o no se entregaron.

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