Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal. Andrea Becerril informó que “todo está listo para que en la sesión del martes próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada”.
La periodista señaló que “ello, debido a que hasta el momento se tienen ya los votos a favor de 18 congresos estatales, que suman más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país para una reforma constitucional”. Las legislaturas que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La aprobación fue por unanimidad en la mayoría de los casos, salvo en Baja California y Zacatecas, donde se logró por mayoría.
De acuerdo con Semanario ZETA, la reforma establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. Becerril detalló que “esto significa que a partir de abril, las pensiones millonarias de ex funcionarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafinsa) y otros organismos de banca múltiple se reducirán a 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta”.
El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato. Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de LFC que sobrepasan el millón de pesos mensuales –un millón 77 mil pesos la más alta–, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica extinta, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de CFE, y otras en Pemex que sobrepasen los 70 mil pesos al mes, así como la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera.
La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas. Óscar Hernández comentó al respecto: “Curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN, sin duda pilares en los que se han apoyado la 4-T, AMLO y ahora Claudia Sheinbaum”. La reforma establece límites a los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal, en sus tres niveles de gobierno, tanto para las pensiones a futuro como las otorgadas con anterioridad. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable.
Sectores laborales han expresado preocupación por la aplicación retroactiva. Óscar Hernández advirtió: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”. Trabajadores y sindicatos alertan que la reforma podría afectar derechos adquiridos.
En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron al Congreso local sobre los riesgos de una aprobación exprés de la reforma al artículo 137 de la Constitución local y a la Ley del Fondo de Retiro Digno. El SUTSEM identificó varias inconstitucionalidades graves en la iniciativa propuesta por el gobernador Miguel Ángel Navarro, entre ellas la imposición de un ‘doble tope’ que contradice los artículos 1º y 127 de la Constitución Federal, y ajustes retroactivos prohibidos por el artículo 14 constitucional. El sindicato señaló que “cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal”, y añadió que “lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene”.
