Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la empresa de entretenimiento Xcaret debe dejar de usar elementos de la cultura Maya en toda su publicidad mientras se resuelve el fondo del caso. Por una votación de siete a dos, los ministros aprobaron el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, estableciendo una medida cautelar que prioriza la protección del patrimonio ancestral sobre el interés comercial.
El conflicto jurídico surgió tras una denuncia presentada por cuatro personas que se ostentaron como Mayas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), organismo que ordenó medidas cautelares para retirar contenidos publicitarios con simbología indígena. Xcaret impugnó una multa argumentando contar con autorización del Gran Consejo Maya, logrando inicialmente una suspensión definitiva por parte de un juzgado de distrito, decisión que fue revertida ahora por el máximo tribunal.
Al fundamentar el proyecto aprobado, la ministra María Estela Ríos González señaló que las empresas, aunque realicen inversiones que beneficien a las comunidades, no están facultadas para disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación. La mayoría del tribunal consideró que la protección de estos elementos tiene mayor peso que cualquier autorización otorgada en el ámbito comercial.
En sentido contrario, la ministra Yasmín Esquivel manifestó su preocupación por la decisión asumida y votó en contra del proyecto. Esquivel estimó que con esta resolución se está desconociendo la voluntad del Gran Consejo Maya, entidad reconocida en las leyes de protección indígena desde 1998, cuyos miembros se benefician del acuerdo comercial firmado con la empresa turística.
Durante la discusión, se destacó que en la Suprema Corte se recibió un escrito con 209 firmas de comisariados ejidales, alcaldes, delegados, subdelegados y jueces tradicionales apoyando al Gran Consejo Maya. No obstante, la postura mayoritaria de la Corte sostuvo que el pueblo Maya no podía dar autorización a Xcaret para utilizar los símbolos, ordenando impedir la continuación de dichas actividades comerciales hasta que se defina la controversia principal.