Buenos Aires, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de Argentina declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, una resolución que implica su incorporación inmediata al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión fue anunciada este 26 de marzo de 2026 desde Buenos Aires por la Oficina del Presidente de la República, Javier Milei, marcando un endurecimiento en la postura del país sudamericano frente al crimen organizado trasnacional.
De acuerdo con los comunicados oficiales emitidos por el Gobierno Nacional, la determinación se sustentó en la acreditación de actividades ilícitas de carácter transnacional atribuidas al grupo criminal mexicano. Aunque las autoridades no detallaron públicamente la evidencia operativa específica ni la presencia física del cártel dentro del territorio argentino, la resolución habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra la organización y sus vinculados.
La medida fue el resultado de una coordinación interinstitucional que involucró a la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Con esta inscripción en el RePET, dependiente de la cartera de Justicia, el Estado argentino busca bloquear cualquier flujo de recursos que pudiera beneficiar a la estructura del CJNG, alineándose con estrategias internacionales de combate al financiamiento del terrorismo.
El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es señalado en la investigación como una organización con presencia reportada en al menos 40 países. La declaración argentina ocurre en un contexto donde la figura de “El Mencho” ha sido noticia recientemente debido a reportes sobre su detención y muerte el pasado 22 de febrero de 2026, aunque la designación como entidad terrorista se enfoca en la estructura criminal vigente y sus operaciones globales.
Esta acción sitúa a Argentina entre las naciones que han optado por categorizar legalmente a los grandes cárteles de la droga bajo figuras jurídicas de terrorismo, lo que permite aplicar marcos legales más severos que los del derecho penal común. La inclusión en la lista negra argentina restringe la capacidad del grupo para realizar transacciones formales o mantener vínculos comerciales legítimos dentro de la jurisdicción del país.
