Lázaro Cárdenas, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a abrir un debate nacional sobre si los menores de edad que cometen homicidios deben ser juzgados como adultos, luego del asesinato de dos profesoras en una preparatoria de esta ciudad perpetrado por un estudiante de 15 años.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó el caso como “muy doloroso” y señaló que la intención de su gobierno es que no se repita. “Es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”, expuso Sheinbaum ante medios nacionales.
Actualmente, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que la pena máxima para menores que efectúan un homicidio calificado es de cinco años. La Presidenta reconoció que existen posturas divididas: “Hay quien piensa que una persona que le quita la vida a otra, aunque tenga menos de 18 años, debe ser sancionada como un adulto; hay quienes piensan que no”.
El ataque ocurrió el 24 de marzo en el Colegio Antón Makárenko, donde un adolescente identificado en redes sociales con el alias “@vodka.om” asesinó a las maestras Tatiana “N”, de 37 años, y María del Rosario “N”, de 36 años. El detenido es hijastro de un elemento de la Secretaría de Marina y fue asegurado con un fusil de asalto AR-15 que contenía al menos 40 balas en el cargador al momento de su detención.
Ante la magnitud del crimen, diputados locales y dirigentes partidistas en Michoacán plantearon endurecer las sanciones contra menores infractores. El legislador independiente Carlos Bautista Tafolla propuso que adolescentes puedan ser castigados como adultos cuando incurran en conductas como homicidio, secuestro o violación, y cuestionó cómo el menor pudo tener acceso a un arma larga de uso exclusivo del Ejército.
La Secretaría de Educación Pública suspendió actividades en el plantel afectado mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Además, Sheinbaum anunció que su gobierno pondrá en marcha un programa de salud mental en secundarias y preparatorias como medida preventiva para atender de manera integral este tipo de situaciones.
El caso ha reavivado el debate sobre los factores estructurales que inciden en la violencia juvenil. Mientras algunos actores políticos exigen castigos ejemplares y responsabilizar a los padres por negligencia, colectivos como Tejiendo Redes Infancia pidieron investigar el caso con perspectiva de género y evitar enfoques meramente punitivos, señalando que la violencia en adolescentes responde a dinámicas sociales complejas.
