Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” del personal de confianza en el sector público, estableciendo un tope máximo equivalente a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, aproximadamente 70,000 pesos mensuales. La modificación al artículo 127 de la Constitución fue validada con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, tras haber recibido previamente el aval del Senado con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
Con esta aprobación en lo general y en lo particular, el documento fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, donde requerirá el respaldo de al menos 17 congresos locales para entrar en vigor. La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca regular las jubilaciones de ex servidores públicos de confianza en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo, corrigiendo lo que el oficialismo denomina como privilegios injustificados.
Durante el proceso legislativo, se registró una postura compleja por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque su coordinador, Rubén Moreira, expresó inconformidad y críticas respecto a omisiones en la norma y los riesgos de una aplicación retroactiva, la bancada tricolor anunció y ejecutó su voto a favor de la reforma. Por su parte, Pedro Haces Barba, diputado de Morena, defendió la iniciativa como una corrección necesaria a los privilegios de una cúpula burocrática.
La aprobación legislativa estuvo acompañada de manifestaciones de grupos de jubilados y pensionados. En los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, así como frente al Congreso local en Baja California, trabajadores retirados de instituciones como ISSSTECALI protestaron por temor a que la medida afecte sus derechos adquiridos. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, externó su rechazo a la reforma advirtiendo sobre las consecuencias para quienes perciben estos haberes de retiro.
El debate en el pleno se centró en la naturaleza de la medida y su alcance temporal. Mientras los legisladores de la mayoría oficialista insistieron en que la reforma no vulnera derechos legítimos sino que pone fin a esquemas de compadrazgo, la oposición y sectores afectados mantienen la preocupación de que el ajuste se aplique a pensiones ya otorgadas. El texto aprobado especifica que el límite aplica a las remuneraciones del personal de confianza, excluyendo expresamente a las Fuerzas Armadas y a los sistemas de ahorro basados en aportaciones voluntarias o sindicales.
Tras concluir su trámite en la Cámara baja, la reforma entra ahora en la fase de revisión por parte de los congresos estatales. El gobierno federal ha destacado que la eliminación de estos topes desproporcionados generará un ahorro significativo para las finanzas públicas, mientras los detractores continúan señalando la controversia jurídica que podría derivarse de la implementación de los artículos transitorios del nuevo marco constitucional.
