Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente facilitar el tráfico de armas hacia los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). La investigación detalla que los implicados realizaron ventas de material bélico en cinco ocasiones distintas entre febrero y mayo de 2025, operando desde la zona de Phoenix, Arizona.
Según los cargos presentados por las autoridades federales estadounidenses, esta causa representa una de las primeras acusaciones criminales por apoyo material al terrorismo dirigidas contra un armero por vender weaponry a estos grupos delictivos. El contexto legal se sustenta en la designación del CJNG y del Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del Departamento de Estado de EE. UU., medida ejecutada en febrero de 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump.
La información periodística señala discrepancias iniciales en los reportes sobre el número de implicados y la grafía exacta de los nombres, pero la acusación federal consolida la participación de ambos ciudadanos estadounidenses. Se indica que Laurence Gray era propietario del negocio ‘Grips by Larry’, una armería ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora, punto estratégico para el paso ilegal de mercancías hacia México.
Aunque la investigación no especifica el destino final exacto de cada arma dentro del territorio mexicano ni identifica públicamente a los intermediarios o ‘compradores de paja’ utilizados en las transacciones, la magnitud del caso radica en la aplicación de la figura de apoyo al terrorismo. Las penas potenciales para este tipo de delitos oscilan en un rango de 10 a 20 años de prisión por cada cargo, aunque las sentencias específicas solicitadas por los fiscales no han sido detalladas en los documentos públicos disponibles hasta el momento.
Este operativo judicial marca un endurecimiento en la estrategia de Washington para combatir el flujo de armamento desde suelo estadounidense hacia las organizaciones criminales en México. La vinculación directa de las ventas con los dos cárteles más poderosos del país vecino, ahora clasificados como grupos terroristas por la ley norteamericana, establece un precedente legal que podría derivar en procesos similares contra otros proveedores de armas en la región fronteriza.
