Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral denominado ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque descartó la medida central que buscaba adelantar la revocación de mandato al año 2027. Durante la sesión del 25 de marzo, el Pleno legislativos contó con la presencia de 128 senadores, resultando en 87 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que 41 legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
La aprobación en lo general valida la dirección de los cambios propuestos, los cuales incluyen un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento y la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del presupuesto estatal. Asimismo, el texto contempla la eliminación de seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales, además de establecer un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto operativo del Senado.
A pesar de la mayoría oficialista, la fracción del Partido del Trabajo (PT), aliado de la coalición gobernante, marcó distancia respecto a la iniciativa original al oponerse a adelantar la consulta de revocación de mandato. Esta decisión impide que la presidenta Sheinbaum sea sometida a dicho mecanismo en 2027, modificando sustancialmente el alcance político de la reforma frente a la propuesta ejecutiva inicial.
En medio de la discusión, surgieron posturas divergentes sobre las implicaciones de la negociación legislativa. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, hizo alusión pública a la existencia de presiones y ofertas durante el proceso de debate, aunque no detalló la naturaleza concreta de dichas acciones. Por su parte, Oscar Cantón Zetina presentó argumentos en la sesión senatorial en representación de las posiciones discutidas en el recinto.
La reforma genera discrepancias técnicas y políticas sobre su impacto financiero. Mientras el oficialismo sostiene que las medidas representan un ahorro significativo de recursos públicos mediante la eliminación de privilegios, análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) sugieren que la supresión de bonos por trabajo extra durante años electorales podría incrementar el gasto al requerir la implementación de otros mecanismos para respetar los derechos laborales de los funcionarios.
Con este dictamen aprobado en lo general, la reforma electoral avanza hacia la discusión en lo particular de sus artículos, donde se definirá la redacción final de las normas que regularán los próximos procesos comicios. La votación refleja la complejidad de las alianzas legislativas actuales y deja abierta la incertidumbre sobre cómo se resolverán las contradicciones entre el ahorro presupuestal prometido y los costos operativos reales del organismo electoral.
