Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que limita las pensiones de exfuncionarios públicos a un máximo del 50% de la remuneración que recibe la presidencia de la República. La votación se llevó a cabo el 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, durante una sesión marcada por la presencia de manifestantes en el exterior del recinto.
Según los términos de la reforma, el tope aplicará a las pensiones de altos funcionarios de organismos como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, la normativa establece excepciones para los miembros de las Fuerzas Armadas, los haberes de retiro ya vigentes y las pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, así como aportaciones sindicales y las no contributivas.
Existen versiones diferentes sobre el resultado exacto de la votación en el pleno legislativo. Mientras algunas fuentes reportan 458 votos a favor, otras indican 363 votos favorables, 64 en contra y 20 abstenciones. En cualquier caso, la reforma contó con el respaldo necesario para avanzar en el proceso legislativo.
La minuta aprobada será remitida ahora a las legislaturas de los 31 estados y la Ciudad de México para su ratificación, requisito indispensable para que la reforma constitucional entre en vigor. Este proceso de validación local es obligatorio para cualquier modificación a la Carta Magna mexicana.
Durante la discusión en la Cámara, participaron diputados de diversos grupos parlamentarios, incluyendo representantes del Partido Acción Nacional. La diputada Margarita Zavala intervino en el debate, aunque las posiciones de la oposición quedaron registradas en las actas de la sesión mientras la mayoría oficialista impulsaba la iniciativa.
En el exterior del Palacio Legislativo, grupos de jubilados de las empresas públicas afectadas se concentraron para protestar contra la reforma. Los manifestantes expresaron su rechazo a la medida, que consideran vulnera derechos adquiridos durante sus años de servicio en el sector público.
La reforma también incluye modificaciones en el lenguaje utilizado en el texto constitucional para adoptar un formato inclusivo. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa impulsada por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha priorizado medidas de austeridad y reducción del gasto público en pensiones privilegiadas.
