Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- El asesinato de dos maestras por parte de un alumno de 15 años en una escuela preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocurrido el 24 de marzo, ha detonado un debate nacional sobre la conveniencia de juzgar a menores de edad como adultos cuando cometen delitos graves. El presunto responsable, identificado como Osmar “N”, enfrentará un proceso bajo el sistema de justicia para adolescentes, donde la pena máxima de internamiento es de tres años, a pesar de que la familia de las víctimas y sectores de la opinión pública exigen que sea sancionado con las penas correspondientes a un adulto, que por feminicidio pueden llegar hasta los 50 años de prisión.
Carlos Torres Piña, Fiscal de Michoacán, confirmó que se buscará procesar al adolescente por tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo. El funcionario señaló que el arma utilizada, un rifle AR-15, no cuenta con registro y ingresó de manera ilegal al país, aunque se investiga la afirmación del menor de que el arma pertenece a su padre, quien presuntamente sería miembro de la Secretaría de Marina, dato que las autoridades están corroborando mientras la madre y el padrastro del acusado niegan que el weapon les perteneciera.
Ante la magnitud del hecho, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el ataque como “muy doloroso” y apuntó que “todo parece indicar que ya lo había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”. Respecto a la discusión legal, la mandataria federal declaró que el tema de juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”, al tiempo que anunció la implementación de un programa nacional de salud mental para adolescentes que incluirá capacitación docente y personal especializado en niveles de secundaria y media superior.
Los familiares de las víctimas, Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, y Mariana del Rosario Sagrero, de 36 años, han sido enfáticos en sus demandas de justicia. Christian “N”, hermano de Tatiana, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de Mariana, exigieron que el proceso judicial contra el agresor se lleve a cabo bajo la legislación para adultos, argumentando que el crimen fue un acto planeado y no un impulso repentino, lo cual considerano agravante suficiente para modificar la imputación actual.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado expresando condolencias y solidaridad con los deudos y la comunidad educativa, reiterando su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia. Mientras tanto, el sistema de justicia local se prepara para la audiencia inicial programada para este jueves, donde se definirá la situación jurídica del menor en un caso que ha puesto bajo escrutinio la eficacia de las leyes actuales frente a la violencia extrema cometida por menores de edad.
