Pajapan, 26 de marzo de 2026.- Un grupo interdisciplinario integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Energía, así como por Pemex y la ASEA, informó que hasta este 25 de marzo se han recolectado 128 toneladas de residuos impregnados de crudo en más de 165 kilómetros de litoral afectado por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Las autoridades detallaron que se ha destinado una inversión de 217 millones de pesos para la limpieza de playas y 8 millones adicionales para el despliegue de embarcaciones especializadas, mientras que Petróleos Mexicanos anunció apoyos económicos por más de 35 millones de pesos para las comunidades impactadas.
La respuesta institucional se activó tras los primeros reportes de pobladores el 1 de marzo en Pajapan, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a ordenar la formación del equipo conjunto para dilucidar las causas del vertido y determinar si persiste alguna fuga. El operativo abarca acciones bajo cinco ejes: limpieza, apoyo a las comunidades, investigación, supervisión y medidas posteriores, con la participación de autoridades federales, estatales y locales.
A pesar de los informes oficiales, organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica han acusado al gobierno de conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad en el manejo de la crisis. Estos grupos sostienen, basándose en imágenes satelitales, que el derrame podría haber iniciado entre el 11 y el 17 de febrero desde una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, extendiéndose sobre 50 kilómetros cuadrados sin que se emitiera una alerta pública oportuna o se activara el Plan Nacional de Contingencia.
Verónica Munier, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, expresó su preocupación por la falta de transparencia respecto al impacto real del desastre ecológico. “No sabemos bien a qué grado está el daño. No nos han dicho nada y no hemos sabido que hayan hecho ningún estudio o, por lo menos, no lo han informado”, señaló la defensora de derechos humanos, quien exigió acceso a la información sobre los estudios ambientales realizados.
Existen discrepancias significativas entre las cifras oficiales y otros reportes sobre la extensión del área afectada. Mientras el comunicado gubernamental del 25 de marzo menciona 165 kilómetros de litoral atendidos y 128 toneladas de residuos, otras fuentes periodísticas citan afectaciones en al menos 630 kilómetros de costa veracruzana y la llegada de hidrocarburos hasta la playa Miramar en Tamaulipas. Asimismo, versiones previas de la Secretaría de Marina mencionaban la recolección de más de 30 toneladas de crudo, cifra menor a la reportada recientemente por el grupo interinstitucional.
En cuanto a la fauna afectada, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz emitió un informe sobre el hallazgo de un delfín muerto en Alvarado. Las autoridades estatales determinaron que el deceso fue causado por una “hemorragia severa derivada de una lesión traumática”, descartando oficialmente que la muerte del cetáceo estuviera vinculada directamente a la contaminación por hidrocarburos, aunque el monitoreo continúa en la región.
Hasta el momento, no se ha establecido una versión oficial definitiva sobre el origen preciso ni el responsable del vertido. Aunque se ha mencionado inicialmente la posibilidad de un vertido proveniente de un barco de una empresa externa a Pemex, la investigación sigue en curso para confirmar estas hipótesis frente a las afirmaciones de las organizaciones civiles que apuntan a una fuga conocida desde hace semanas. La falta de claridad sobre la contención total del flujo y los resultados de los estudios de impacto ambiental mantienen la tensión entre el gobierno y los habitantes de las zonas costeras.
