Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron en la presidencia municipal para denunciar presuntos actos de corrupción y hostigamiento laboral en la Dirección de Ingresos de la Tesorería, donde aseguran que personal externo está realizando las funciones que les corresponden, lo que les impide trabajar y facilita irregularidades con dinero recuperado de deudores de predial.
Rosalva Rodríguez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Servicio Público del Estado de Torreón (SUETSRT), encabeza las protestas de los empleados que demandan una audiencia con el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y con el tesorero Javier Lechuga Jiménez, para exponer sus inconformidades sobre los reacomodos practicados en el área de Ingresos.
Los trabajadores señalan específicamente que el subdirector de Ingresos, Miguel Ramos, y el director Roberto Barrios, mantienen a personal externo contratado por honorarios en las oficinas de la Plaza Mayor, mientras que las oficinas de Rezagos y Notificaciones de la Tesorería se ubican en el edificio del antiguo Banco de México, en avenida Morelos y calle Cepeda, lo que ha generado confusión sobre quién realiza las funciones oficiales.
El alcalde Román Alberto Cepeda González respondió a las acusaciones atribuyendo la inconformidad a ajustes administrativos para mejorar la eficiencia del área de Ingresos, respaldó al director Roberto Barrios y negó que exista riesgo laboral para los trabajadores, calificando las acusaciones de corrupción como argumentos que se respetan y validan pero relacionados con reacomodos operativos.
Las protestas se dan en un contexto de crecimiento significativo del presupuesto municipal, que pasó de 2 mil 850 millones de pesos ejercidos en 2022 a casi 6 mil millones de pesos en el presupuesto actual de 2026, lo que ha incrementado la vigilancia sobre el manejo de recursos públicos en la administración municipal.
Los trabajadores sindicalizados mantienen su exigencia de esclarecer la identidad y procedencia exacta del personal externo contratado, así como obtener evidencia concreta sobre los supuestos actos de corrupción denunciados, mientras que la administración municipal sostiene que los cambios buscan optimizar la recaudación de ingresos sin afectar los derechos laborales del personal sindicalizado.
