Vista del Capitolio de Estados Unidos, en Washington (EE.UU.), este 16 de enero de 2024. EFE/EPA/Michael Reynolds
Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- El Senado de Estados Unidos rechazó el viernes 20 de marzo aprobar una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que mantiene el cierre parcial de la agencia iniciado el 14 de febrero. La votación registró 47 votos a favor y 37 en contra, mientras que 16 senadores no participaron en la decisión, dejando sin presupuesto operativo a la institución y obligando a más de 100,000 empleados esenciales a trabajar sin paga.
El estancamiento legislativo responde al desacuerdo entre republicanos y demócratas respecto a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Los legisladores demócratas condicionan la aprobación de fondos a cambios en los protocolos de operación de ICE y la Patrulla Fronteriza, exigiendo que los agentes no utilicen el rostro cubierto y que se requieran órdenes judiciales para realizar allanamientos, vinculando así el financiamiento a una legislación que establezca límites a dichas agencias.
En medio de la crisis presupuestaria, Markwayne Mullin, ex luchador de artes marciales mixtas originario de Oklahoma, se encuentra en proceso de asumir la dirección del DHS. Según reportes, la mayoría de las agencias bajo su futura supervisión han operado sin financiamiento desde mediados de febrero, lo que ha generado importantes retrasos en los aeropuertos del país, aunque no se han proporcionado cifras específicas sobre la magnitud de las demoras.
La negativa del Senado fue impulsada en un contexto de polarización donde figuras como Chuck Schumer y los líderes republicanos no lograron converger en una propuesta que desbloqueara los recursos. La falta de acuerdo mantiene a la seguridad nacional estadounidense en un estado de incertidumbre operativa, con el personal crítico realizando sus funciones bajo la presión de la falta de remuneración inmediata.
Este cierre parcial representa una continuación del conflicto político sobre la gestión fronteriza, que ha paralizado la capacidad de inversión y planificación del departamento. Mientras la administración Trump defiende sus operaciones actuales, la oposición democrática insiste en que la liberación de fondos debe ir acompañada de reformas sustanciales a los métodos de aplicación de la ley migratoria.
