Por Redacción
Cancún, 21 de marzo de 2026.- En el marco de la 89 Convención Bancaria, celebrada del 18 al 20 de marzo en este destino turístico, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, junto con directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y autoridades norteamericanas del Departamento del Tesoro, abordaron la urgencia de acelerar la digitalización de los pagos y revisar las medidas contra el lavado de dinero en el país.
El encuentro contó con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de representantes de oficinas clave de Estados Unidos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Red de Enforcement de Crímenes Financieros (FinCEN) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Asimismo, estuvo presente Ricardo Rangel, director ejecutivo de Negocio Fiduciario de Multiva, quien representó al sector privado en las discusiones sobre el entorno financiero.
Las cifras presentadas durante el evento destacan la magnitud del sistema financiero mexicano. Al término del primer semestre de 2025, el mercado fiduciario en México superó los 11.5 billones de pesos, equivalente a 620 mil millones de dólares. Este crecimiento refleja la dinámica del sector y la necesidad de marcos regulatorios actualizados que garanticen la transparencia y seguridad de las operaciones.
En cuanto a la infraestructura de pagos, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesó durante 2025 más de 7,300 millones de operaciones, movilizando casi 600 billones de pesos (unos 33.3 billones de dólares). Esta cantidad representa 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, lo que subraya la importancia crítica de mantener y mejorar la eficiencia digital en las transacciones interbancarias.
La revisión de las medidas antilavado fue otro punto central de la agenda, donde se discutieron los avances en la cooperación internacional entre México y Estados Unidos. Aunque no se detallaron acuerdos específicos firmados durante la convención, la presencia de altos funcionarios de ambas naciones evidenció el compromiso de fortalecer los mecanismos de supervisión y cumplimiento normativo frente a los riesgos financieros transfronterizos.
La 89 Convención Bancaria sirvió como plataforma para alinear las estrategias del gobierno federal, el banco central y la banca privada, enfocándose en modernizar el ecosistema de pagos y reforzar la integridad del sistema financiero ante los desafíos globales del crimen organizado y la evasión fiscal.
