Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores se prepara para definir el futuro de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una votación en pleno prevista para el próximo miércoles 25 de marzo. Aunque la fecha cuenta con la certeza del coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que el dictamen se aprobará antes de la Semana Santa, fuentes legislativas indican que aún no existe una confirmación oficial definitiva sobre la agenda del pleno.
La propuesta constitucional ha generado una división marcada en el Congreso. Mientras el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen su apoyo general a la iniciativa, han expresado reservas internas sobre ciertos aspectos, particularmente respecto a la inclusión de la revocación de mandato. Por su parte, la oposición encabezada por el PRI, PAN y PRD ha endurecido su discurso; el senador priista Manuel Añorve Baños calificó la reforma como un ‘Plan Maduro’ y un intento de golpe de Estado, argumentando que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer un control ejecutivo permanente.
Las críticas se centran también en el impacto financiero y administrativo de la reforma a nivel municipal. El diputado Elías Lixa Abimerhi señaló que la iniciativa generará más gasto público en lugar de ahorro, al obligar a aproximadamente 1,100 municipios a ampliar el tamaño de sus cabildos. Según datos de la investigación, solo 56 municipios reducirían su número de integrantes, mientras que el resto debería aumentarlo. En el caso específico de Yucatán, se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, lo que derivaría en la creación de 221 regidurías adicionales.
En el ámbito jurídico, analistas y columnistas de opinión, como los recogidos por López-Dóriga Digital, han cuestionado la viabilidad constitucional de la revocación de mandato incluida en el paquete. Argumentan que dicha medida es improcedente en el contexto actual, dado que no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ en la presidenta Claudia Sheinbaum, requisito establecido en la Carta Magna para activar dicho mecanismo. Esta discrepancia sobre los objetivos de la reforma —presentados por el gobierno como fortalecimiento de la participación y por la oposición como herramientas de control— marca el debate previo a la votación.
De aprobarse la reforma constitucional este 25 de marzo, el proceso continuará con la elaboración de las leyes secundarias necesarias para su implementación, cuyos plazos y detalles específicos no han sido divulgados completamente por la coordinación de Morena. La votación representará un punto de inflexión en la legislatura, donde la mayoría de Morena y sus aliados buscará consolidar los cambios electorales pese a la resistencia de los bloques opositores que advierten sobre las consecuencias presupuestales y democráticas de la nueva ley.
