Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) consolidó este miércoles el avance del llamado Plan B electoral, una reforma que busca reducir el gasto público en procesos comicios y establecer el mecanismo para la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027. Con el respaldo confirmado de 13 de los 14 senadores del partido verde, la coalición oficialista asegura la mayoría calificada necesaria para aprobar los cambios constitucionales y legales en los próximos días.
La iniciativa, impulsada por el senador Alfonso Ramírez Cuéllar, contempla una reestructuración profunda del sistema electoral que incluye la reducción de regidores en los ayuntamientos y la imposición de un límite del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales. Además, la reforma modifica las reglas de la revocación de mandato, permitiendo que el proceso se realice durante el sexenio actual y habilitando al titular del Ejecutivo para pronunciarse durante la campaña, algo prohibido en la legislación anterior.
Manuel Velasco Coello, líder de la bancada del PVEM en el Senado, confirmó que su fracción está alineada con los objetivos del gobierno federal para garantizar la continuidad de los proyectos de la Cuarta Transformación. Aunque no especificó el nombre del único legislador de su partido que podría votar en contra, enfatizó que la unidad es prioritaria para alcanzar la meta de obtener al menos el 80% de las firmas necesarias para activar la consulta de ratificación en 2027.
Paralelamente, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un movimiento que busca renovar la autoridad electoral antes del próximo proceso federal. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, indicó que la armonización legislativa continuará en las próximas sesiones, mientras que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que presentará una iniciativa local para alinear las leyes estatales con los nuevos preceptos federales.
El diputado Ulises Mejía Haro destacó que los ahorros administrativos derivados de la reducción de cargos de elección popular y la contención del gasto electoral serán redirigidos a programas de bienestar social. Por su parte, la oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, ha criticado la velocidad del proceso, argumentando que los cambios buscan debilitar la autonomía de los organismos electorales y consolidar el poder del ejecutivo federal.
Con la votación final en el Senado pendiente de una fecha exacta pero considerada inminente, el gobierno de Claudia Sheinbaum avanza hacia la consolidación de su marco jurídico para el resto del sexenio. La estrategia combina la austeridad republicana con mecanismos de participación ciudadana que, según el oficialismo, fortalecerán la democracia directa, mientras críticos advierten sobre los riesgos de una concentración de poder sin contrapesos institucionales robustos.
