Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- Ante la persistente crisis hídrica, autoridades federales y locales anunciaron medidas para la gestión del agua, que incluyen interrupciones parciales en la Ciudad de México y proyectos de rehabilitación de infraestructura en el norte del país, mientras ejidatarios en San Luis Potosí denuncian corrupción dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la capital informó que aplicará interrupciones parciales en algunas zonas para lograr una distribución más equitativa del recurso, aunque no especificó un cronograma detallado ni los municipios afectados. Esta medida se da pese a que el Sistema Cutzamala reporta actualmente un almacenamiento superior al 80%.
En contraste, en el norte del país se anunciaron inversiones para rehabilitar la infraestructura. En Gómez Palacio, Durango, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) lanzó una licitación pública para la rehabilitación del emisor central y el colector San Ignacio, un proyecto que requerirá una inversión superior a los 500 millones de pesos y que involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro.
Mientras tanto, en San Luis Potosí, el gobierno estatal instaló el Consejo Técnico Consultivo del Agua con el objetivo declarado de fortalecer la gestión hídrica en la entidad. Sin embargo, esta acción oficial contrasta con las denuncias públicas de ejidatarios de la comunidad San Antonio de los Bravos, quienes acusan a Conagua de corrupción y tráfico de influencias por reconocer a un comité ejidal alterno, lo que ha generado un conflicto por la representación y el manejo del agua en la zona.
Estas acciones se desarrollan en un contexto nacional donde, durante 2025, el 16% del territorio experimentó sequía de moderada a severa, con una recuperación parcial en 2026. La crisis de infraestructura hídrica continúa siendo un desafío urgente, evidenciado por los múltiples proyectos de rehabilitación que se tramitan en distintos estados. Las denuncias de corrupción plantean dudas sobre la transparencia en la gestión del recurso, un asunto crítico en medio de la presión por garantizar el suministro a la población.
